Las conductas realizadas por empresas, trabajadores, o ambos, encaminadas a la obtención o mejora de las prestaciones de la Seguridad Social eran consideradas infracciones administrativas y sancionadas por la Inspección de Trabajo. Para los empresarios con multas y a los trabajadores le suponía la pérdida de la pensión o prestación durante tres o seis meses o, en su caso, la extinción.

 
Las prestaciones afectadas son todas las del Sistema de la Seguridad Social, por enfermedad, accidente de trabajo, jubilación, etc, pero es en especial la prestación por desempleo donde creemos que se puede dar con mayor incidencia este tipo de situaciones.

 

 

A través de la Ley Orgánica 7/2012 se introduce un nuevo artículo 307 ter, con la siguiente redacción:

 

“1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.”

 

Pero, cuando el valor de las prestaciones es superior a 50.000 euros o la defraudación fuera cometida en el seno de una organización fraudulenta, o a través de testaferros, personas inexistentes, paraísos fiscales o con ocultación del obligado frente a la Seguridad Social, la pena ha de ser prisión de dos a seis años y de multa del tanto al séxtuplo.

 

Al igual que en el delito contra la Hacienda Pública quedará exento de responsabilidad criminal el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida u incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales desde el momento en que las percibió, pero siempre que el reintegro se haya efectuado antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección o antes de que se interponga querella o denuncia en los juzgados.

 

De todas formas el inicio de un procedimiento penal por el delito mencionado no impedirá que la Administración exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas.

 

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